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Las evidencias científicas sobre el impacto negativo de los gatos en la biodiversidad son abrumadoras. Siempre que se ha estimado la mortalidad de vertebrados causada por los gatos las cifras son astronómicas, frecuentemente en el orden de cientos o miles de millones de individuos.
General 06 de febrero de 2023 Pedro Romero Vidal
El negacionismo científico implica el rechazo de hechos contrastados y la creación de debates artificiales en torno a evidencias sólidas. La negación del conocimiento puede dificultar la acción para revertir problemas ambientales como el cambio climático y las invasiones biológicas. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España parece seguir esta senda en la defensa de su Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales.
La Organización Colegial Veterinaria, el Consejo General de Colegios de Biólogos, muchos científicos (800 ecólogos y biólogos de la conservación) y las principales organizaciones conservacionistas estatales han criticado este proyecto de ley desde sus primeros borradores por cómo aborda la gestión de gatos asilvestrados y de colonias felinas, aportando recomendaciones concretas para su mejora. Sin embargo, los promotores y defensores de la ley incurren en argumentos falaces para ignorar las evidencias científicas en las que se basan estas críticas
Estos son algunos de ellos.
Las evidencias científicas sobre el impacto negativo de los gatos en la biodiversidad son abrumadoras. Siempre que se ha estimado la mortalidad de vertebrados causada por los gatos las cifras son astronómicas, frecuentemente en el orden de cientos o miles de millones de individuos.
Los gatos han contribuido a la extinción de al menos 63 especies de vertebrados, ponen en peligro a muchas otras, también en España y son vectores de enfermedades graves, que pueden transmitir a la fauna silvestre, incluyendo especies amenazadas, y a las personas.
Los defensores de la ley afirman que los gatos aún no han extinguido ninguna especie en nuestro país. Este argumento quizás sea falso, por el papel que pudieron tener los gatos en la extinción del ostrero canario y otras especies del archipiélago. Pero, en cualquier caso, es una falacia por negación del antecedente, que justifica la inacción hasta que no se registre la extinción, ya irreversible, de una especie, saltándose de paso el principio de cautela al que obliga la legislación europea.
Quienes deben velar por la conservación de la biodiversidad no pueden negar el impacto de los gatos sobre la fauna nativa. Incluso PETA, la mayor organización animalista del planeta, lo reconoce.
En la defensa del proyecto de ley se ha acusado repetidamente a los críticos de centrarse solo e injustamente en los gatos, olvidando otros problemas ambientales. Se ha sugerido que la supuesta demonización de los gatos es oportunista y que solo responde a un interés por atacar al Gobierno. Esto es falso.
Diversos grupos de investigación españoles llevan décadas trabajando sobre los impactos de los gatos sobre la biodiversidad y alertando públicamente de ellos. Notablemente, pero no solo, en Canarias y Baleares. Por otro lado, estos investigadores y muchos otros que se han manifestado críticos con el proyecto de ley trabajan también sobre otras amenazas para la diversidad, como la caza, la pesca, la industria energética, la contaminación y los impactos de múltiples especies invasoras.
El Gobierno debería saberlo bien, porque maneja los resultados de estas investigaciones y busca el consejo de estos especialistas. Negar la necesidad de abordar el problema de los gatos sin dueño porque existen otros problemas solo conduce a la inacción frente a todos los motores de pérdida de biodiversidad.
Una variante especialmente preocupante de esta afirmación es la resumida en la frase “el problema no son los gatos, sino el ser humano”. Es evidente que tiene su parte de razón, ya que el motor último de la pérdida de biodiversidad es la actividad humana. Pero lo preocupante de la afirmación es que no hace referencia a lo que los humanos hacemos (y podemos cambiar), sino a lo que somos.
El proyecto de ley impone el método CER (captura, esterilización y retorno) como única gestión posible de las llamadas colonias felinas, asegurando que reduce el número de gatos callejeros. Sin embargo, numerosos estudios niegan esta eficacia.
Se ha demostrado, con trabajos muy sólidos, que para que el CER fuese efectivo haría falta esterilizar a una proporción muy alta de gatos (por encima del 80 %) en territorios muy amplios y evitar la llegada de nuevos individuos. Estas condiciones pueden ser muy difíciles de alcanzar, no solo por las muchas dificultades logísticas, sino porque el establecimiento de colonias, especialmente de las mas cuidadas, fomenta el abandono de gatos. Más importante aún, reducir el número de gatos callejeros mediante CER depende de que muchos animales (al menos el 50 %) sean retirados del medio. Si la R del acrónimo CER implica el retorno de los gatos a sus colonias, ¿por qué el éxito se logra sólo retirando animales?
Los defensores de proyecto de ley afirman que la aplicación del CER mejora el bienestar de los gatos, pero para PETA el CER no es un método ético, precisamente por no mejorar este bienestar.
Los gatos domésticos son animales fascinantes que proporcionan bienestar a las personas con las que conviven. No obstante, ignorar los impactos que estos animales tienen sobre la biodiversidad, las implicaciones para salud humana, o las limitaciones del CER para reducir las poblaciones de gatos es una irresponsabilidad enorme.
En la tramitación del Proyecto de Ley se ha desoído de manera reiterada a las numerosas entidades conservacionistas (las principales del país) y colegios profesionales (biólogos y veterinarios), que se han mostrado críticos con la norma en su forma actual.
La inmensa mayoría de las aportaciones hechas por estas organizaciones, positivas siempre a la redacción de una ley de protección animal, coinciden en estos puntos básicos:
La necesidad de una carga presupuestaria y medidas reales para fomentar la adopción y otras estrategias de retirada de gatos callejeros.
Fomentar el confinamiento de las colonias para evitar la depredación sobre especies silvestres.
La extracción de colonias y gatos asilvestrados de áreas protegidas, zonas de presencia de felinos silvestres (lince ibérico, gato montés) y lugares con presencia de especies de interés de conservación (toda especie listada en el anexo IV de la Directiva Hábitats, por ejemplo).
El debate se ha simplificado en un ficticio choque entre supuestos amantes de los animales y supuestos matagatos, cuando los investigadores tratan de mejorar una norma necesaria, pero que debe ser reformulada.
La acción del Gobierno está promoviendo el descrédito de la actividad científica, en perjuicio del bien común. Abrazar el discurso animalista negando las aportaciones de los colectivos científicos ha conducido a una ley que no solo no se ha enfrentado a los lobbies importantes, como la caza o la tauromaquia, sino que además está generando un amplio rechazo (desde PACMA hasta federaciones de cazadores). Al final, la norma no beneficiará ni a la fauna silvestre ni a los propios gatos.
Pedro Romero Vidal, Investigador Biología de la Conservación, Universidad Pablo de Olavide; Alberto García Rodríguez, Investigador postdoctoral especializado en ecología trófica, Universidad de León; Eneko Arrondo, Postdoc; Martina Carrete, Profesora contratada doctora, Área de Ecología, Universidad Pablo de Olavide y Miguel Clavero Pineda, Científico titular CSIC, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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