Los Estados deben introducir leyes y directrices, con presupuestos suficientes y mecanismos de transparencia en su aplicación, restaurando y protegiendo esos derechos contra el abuso por parte de terceros, incluidas las empresas, para garantizar la recuperación y conservación la biodiversidad.
Ecología 26/10/2023 Carlos Villagrasa Alcaide
Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, marcó un hito histórico en los derechos humanos de la infancia. Pero hubo algunos aspectos a los que no prestó atención alguna, como la brecha digital, la perspectiva de género o el cambio climático.
Sin embargo, al proclamar que todos los niños son titulares de su derecho a crecer en una familia idónea, en un entorno sano y libre de cualquier tipo de violencia, también se deduce que deben desarrollarse en un ecosistema limpio, saludable y sostenible. Y así se ha ido reconociendo con posterioridad.
La Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas alertó recientemente de valores alarmantes en los cuatro indicadores clave del cambio climático, con severos efectos para la infancia: la concentración de gases de efecto invernadero, la subida de los niveles de mares y océanos, así como el contenido de calor de los océanos y su acidificación, representan un claro atentado a su salud e incluso a su derecho a la vida.
El Comité de los Derechos del Niño es el más alto órgano de Naciones Unidas en este ámbito. Compuesto por 18 especialistas, paritario y representativo de las diversas regiones planetarias, supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en cada uno de los 196 estados que la han ratificado. Y lo hace recabando informes de UNICEF, de los gobiernos y de las entidades no lucrativas para formular las correspondientes recomendaciones de mejora.
Además, elabora observaciones generales sobre cuestiones temáticas relacionadas con los derechos de la infancia y la adolescencia. Para ello tiene muy en cuenta la opinión de la niñez.
Pues bien, resulta que UNICEF ya había alertado de que el cambio climático es una forma de violencia estructural contra toda la niñez, por el colapso social que puede provocar en sus comunidades y en sus familias. Se refiere a los efectos de los desastres naturales, la degradación medioambiental y la pérdida de la biodiversidad, que a su vez repercuten en la agricultura, en el acceso al agua potable y en la nutrición. Y en última instancia, vulneran el derecho a la salud.
De hecho, su informe de agosto de 2021 denunciaba que se han alcanzado cifras dramáticas: 815 millones de niños expuestos a la contaminación por plomo, 820 millones a olas de calor, 920 millones a la escasez de agua y 1 000 millones a elevados índices de contaminación atmosférica.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ya había alertado en 2017 de que anualmente 1,7 millones de niños mueren como consecuencia de impactos ambientales evitables. Eso lo convierte en la causa de mayor mortalidad en la primera infancia, ya que provoca más de una cuarta parte de las defunciones de niños de menos de cinco años.
Con estos informes sobre la mesa, el Comité de los Derechos del Niño decidió redactar una Observación General sobre los derechos de la infancia y el medioambiente, con especial atención al cambio climático (The UN Committee on the Rights of the Child commits to a new General Comment on Children’s Rights and the Environment with a Special Focus on Climate Change). En dos períodos trimestrales de consultas –del 31 de marzo al 30 de junio de 2022 y del 15 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023— recibieron 16 331 contribuciones directas de niños, niñas y adolescentes de 121 países. Y sintetizaron sus demandas en seis reivindicaciones globales:
Que exista un medio ambiente limpio y saludable.
Que se les escuche en serio como protagonistas en la acción ambiental.
Que las acciones de gobiernos y empresas sean claras y transparentes.
Que se fomente la cooperación internacional.
Que se incremente la sensibilización y educación ambiental.
Que se creen espacios de participación para compartir ideas y posibles soluciones.
Este documento insiste en la corresponsabilidad, y especialmente en la necesidad de crear normas universales para que los gobiernos defiendan los derechos de la niñez vulnerados por la emergencia climática, el colapso de la biodiversidad y la contaminación generalizada del agua, el aire y el suelo. Al fin y al cabo, los niños son titulares de sus derechos, protagonistas de la participación social y agentes de la positiva transformación ambiental.
Los Estados deben introducir leyes y directrices, con presupuestos suficientes y mecanismos de transparencia en su aplicación, restaurando y protegiendo esos derechos contra el abuso por parte de terceros, incluidas las empresas, para garantizar la recuperación y conservación la biodiversidad.
Los niños tienen el derecho a un medioambiente limpio, y los Estados tienen la obligación de garantizarlo. No solo por quienes ya están en el mundo: también por los futuros habitantes del planeta, que merecen una realidad en la que de verdad se cumplan sus derechos.
Carlos Villagrasa Alcaide, Profesor titular de Derecho Civil, Universitat de Barcelona
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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